RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

Estimados clientes y amigos,

En estas jornadas tan convulsas de nuevo nos ponemos otra vez en contacto con vosotros para informaros sobre las medidas de mayor interés que desde el Gobierno se han dispuesto en los últimos días en relación al Estado de Alarma decretado con motivo del COVID-19, en concreto.

Aparte de la convalidación por el Congreso de los Diputados del RDL 6/2020, de 10 de marzo, el RDL 7/2020,  de 12 de marzo, y el RDL 8/2020, de 17 de marzo, sobre cuyos contenidos ya os dábamos cuenta en una Circular anterior, y del RDL 4/2020, de 18 de febrero, que derogaba el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el art. 52.d) del ET, los diferentes Ministerios han dictado numerosas Resoluciones y Ordenes en los sectores sanitario, gasístico, transportes y alojamientos turísticos, para detallar en esos ámbitos las pautas aplicables con motivo de las restricciones impuestas por el Estado de Alarma.

A su vez, el BOE del 30 de marzo ha publicado la Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo, donde, en esencia, se deja claro que el RDL 10/2020, de 29 de marzo, no resulta de aplicación a los trabajadores por cuenta propia, se aclara que las actividades de representación sindical y patronal no quedan afectadas por las restricciones de movilidad, y en un Anexo se incorpora un modelo oficial de declaración responsable emitido por la empresa a favor del trabajador que no deba acogerse al permiso retribuido recuperable, con la finalidad de facilitarle los desplazamientos.

Sin duda, de todas las disposiciones publicadas, por lo que a nosotros se refiere la más significativa es el RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, publicado en el BOE de 1 de abril de 2.020, donde se configura un paquete de medidas, muchas de ellas esencialmente de rescate social para colectivos vulnerables, junto a un amplio elenco de medidas para atenuar la parálisis de la actividad no esencial decretada por el RDL 10/2020, de 29 de marzo, siendo su contenido más notable el que os detallamos seguidamente de forma extractada:

  1. Entra en vigor el 2 de abril, y su vigencia concluye un mes después de que se ponga fin a la vigencia del Estado de Alarma, salvo aquellas medidas que hayan sido configuradas con un plazo de duración determinado, que se sujetarán al mismo, reservándose el Gobierno la facultad de poder prorrogar la vigencia de las medidas previstas. (DF 12ª y 13ª)
  2. Se establecen numerosas medidas en relación a familias y colectivos vulnerables:
    • Suspensión de procedimientos judiciales de desahucio y lanzamientos por un periodo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor del RDL cuando se trate de arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19 (art. 1).

      El arrendatario deberá solicitar expresamente la suspensión, acompañando los documentos previstos en el art. 6 para acreditar su vulnerabilidad, considerándose su inclusión en esta categoría de acuerdo con los criterios que a tal efecto define el art. 5, que amplía los supuestos.

      Si el arrendador al que el Juzgado le hubiese suspendido la tramitación del expediente judicial también se encontrase en situación de vulnerabilidad social o económica, podrá solicitar que se comunique su situación a los servicios sociales para que se tome en consideración en el plazo de suspensión extraordinario, y se definan las medidas de protección social que deban adoptarse.

    • Los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que venzan entre la entrada en vigor del Estado de Alarma y los dos meses siguientes a su finalización se prorrogan de forma extraordinaria por 6 meses en las mismas condiciones del contrato inicial, previa petición del arrendatario, que deberá ser aceptada por el arrendador. (Art. 2)
    • Moratoria de deuda arrendaticia (art. 3 a 9):
      • Grandes propietarios: entran en esta categoría los titulares de al menos 10 inmuebles, pudiendo solicitar el arrendatario que esté en situación de vulnerabilidad el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta durante un máximo de 4 meses, pudiendo elegir el arrendador entre ofrecer al inquilino una reducción del 50 % de la deuda de esos 4 meses (con el beneficio de recibir los ingresos de forma inmediata) o reestructurar la deuda fraccionando el pago de las rentas adeudadas en un plazo de 3 años sin intereses.
      • Pequeños propietarios: los arrendatarios en situación de vulnerabilidad podrán solicitar al arrendador una prórroga para pagar la renta o su condonación, disponiendo ambos de un plazo de 7 días laborables para buscar alternativas, bien la suspensión, bien el aplazamiento o el fraccionamiento de la deuda. Sí el arrendador persona física no aceptase, el arrendatario tendrá acceso al programa de ayudas transitorias de financiación avaladas por el Estado.

El ICO desarrollará una línea de avales con total cobertura del Estado para que mediante la concesión de microcréditos a los inquilinos en situación de vulnerabilidad derivada del Covid-19 puedan éstos hacer frente a sus deudas sin ningún tipo de interés en un plazo de seis años, ampliables a 10, así como también se concederán ayudas directas de hasta 900 € tras la crisis. Estas ayudas deberán dedicarse exclusivamente al pago de la renta, cubriendo un importe máximo de seis mensualidades.

    • Se pone en marcha un programa de ayudas al alquiler mediante adjudicación directa, destinado a amortiguar los problemas que transitoriamente tengan para atender a sus pagos las personas arrendatarias de vivienda habitual. (Art. 10)
    • Se facilita solución habitacional inmediata a las víctimas de violencia de género, incluyéndolas en el programa de ayuda a personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual. (Art. 11)
  1. Se establecen diversas medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos, de entre las que merecen destacarse las siguientes:
    1. Los aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social. (Art. 35) Las solicitudes de aplazamiento por parte de empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social, deberán solicitarse dentro de los diez primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso, y comprende solo aquellas deudas cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre abril y junio de 2020, con un interés del 0’5 %.
    2. La moratoria de seis meses a empresas y trabajadores por cuenta propia en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social. (Art. 34) Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la TGSS dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo. La moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el plago de la aportación empresarial así como en las cuotas de recaudación conjunta regulada en el art. 24 del RDL 8/2020, como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor a los que se refiere este precepto.
    3. El aplazamiento extraordinario a empresas y autónomos afectados por el COVID-19 del calendario de reembolso de préstamos financieros que les hubieran sido concedidos por CC. AA. y entidades locales al amparo de las letras a), b) y c) del art. 2.1 de la LO 2/2012, de 27 de 27 de abril, que tengan la consideración contable de pasivos financieros para los prestatarios. (Art. 50) La solicitud de aplazamiento deberá efectuarse antes de que finalice el plazo de pago en periodo voluntario, y la falta de contestación se entenderá como silencio negativo. A la solicitud se incorporará una memoria para justificar la falta de recursos, y declaraciones responsables que acrediten estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones y no haberse excedido en el límite de intensidad de las ayudas.  No se aplicarán gastos ni costes financieros, pero las cuotas aplazadas devengarán el interés pactado. No será aplicable a préstamos participativos, operaciones de capital riesgo, instrumentos de cobertura, derivados, subvenciones, avales financieros y, en general, cualquier operación de carácter financiero que no se ajuste a préstamos financieros en términos de mercado.
    4. Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo. (Art. 44). Se permite solicitar la suspensión del pago de facturas (por todos los conceptos de facturación) correspondientes a periodos de facturación incluidos en el Estado de Alarma, cuyo pago se regularizará prorrateando su importe en las facturas correspondientes a los periodos de facturación de los 6 meses siguientes a la finalización del Estado de Alarma. La solicitud podrá efectuarse por cualquier medio que no suponga desplazamiento físico, y en ella deberá identificarse claramente al titular del punto de suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS).

De otra parte, se flexibilizan los contratos de electricidad y gas para autónomos y empresas, incluyendo la posibilidad de reducir la potencia y los caudales contratados sin coste alguno. (Art. 42 y 43)

  1. Con la finalidad de atenuar los efectos económicos que esta crisis sanitaria está deparando a las empresas se establecen también otros aplazamientos de deudas, de entre las que debe destacarse la posibilidad de solicitar el aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras por 6 meses, sin devengo de intereses durante los 3 primeros (art. 52).

El importe de la deuda a aplazar deberá ser superior a 100 € e inferior a 30.000 €, y el destinatario de la mercancía importada ser persona o entidad con un volumen de operaciones  no superior a 6.010.121’04 € en el ejercicio 2019.

Este aplazamiento no será de aplicación para entidades que liquiden las cuotas de IVA a la importación mediante el sistema de IVA diferido regulado en el art. 167.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, del IVA. En estos casos, estas entidades estarán obligadas a incluir las cuotas de IVA a la importación en sus declaraciones- liquidaciones periódicas (modelo 303).

  1. El Estado de Alarma puede provocar sin duda la alteración de los plazos de ejecución de actividades que hubiesen sido subvencionadas, razón por la que se prevé la posibilidad de que estos plazos puedan ampliarse aunque en las bases reguladoras del procedimiento de su concesión no se contemplase esta posibilidad, y a instancias del beneficiario incluso podrán modificarse las resoluciones y convenios de concesión. (Art. 54)
  2. Se establece un subsidio por circunstancias excepcionales aplicable al colectivo de trabajadores temporales cuyo contrato se extingue porque llega a su fin con posterioridad a la declaración del Estado de Alarma, y que hayan perdido su empleo. (Art. 33)

Para poder acceder a este subsidio no se exigirá requisito de carencia, equiparándose así su situación en la medida de lo posible a la de las personas que sí han sido incluidas en un ERTE y que han podido acceder, aun sin cumplir la carencia establecida, a la correspondiente prestación de desempleo.

El único requisito exigido será que el contrato cuyo fin ha llegado tenga una duración mínima de al menos dos meses. Esta duración del contrato temporal permite identificar la existencia de una expectativa profesional, excluyéndose así las relaciones contractuales esporádicas.

Este subsidio tendrá una duración de un mes, ampliable sí así se acordase por RDL, consistirá en una ayuda mensual equivalente al 80 % del IPREM, y será incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.

  1. Se establece la compatibilidad de la percepción del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, con la percepción de la prestación por desempleo que, como consecuencia de la reducción de la jornada, afectada por un ERTE, pudiera tener derecho a percibir, siendo en estos casos obligación de la empresa indicar, al tiempo de presentar la solicitud, los trabajadores que tengan reducida la jornada de trabajo por ser titulares del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, debiendo señalar la parte de la jornada que se ve afectada por el ERTE. (DA 22ª)
  2. Se establece un subsidio extraordinario para empleadas de hogar por falta de actividad con origen en la crisis sanitaria del COVID-19, con un importe máximo que estará en función de su base reguladora, al que se aplicará un porcentaje del 70 %, con un tope máximo de percepción equivalente al SMI, que además se aplicará con carácter retroactivo sí el hecho causante, aún siendo anterior a la entrada en vigor del RDL 11/2020, fuese posterior al RD 463/2020, de 14 de marzo. (Art. 30 a 32, y DT 3ª)

Este subsidio será compatible con otras percepciones derivadas de actividades por cuenta propia o ajena, con el límite del SMI, e incompatible con el subsidio por incapacidad temporal y con el permiso retribuido recuperable regulado en el RDL 10/2020, de 29 de marzo.

  1. Se prohíben los cortes de suministro eléctrico, gas y agua durante la vigencia del estado de alarma, y se amplía el colectivo de personas con derecho al bono social en vivienda habitual para familias con pocos recursos, incluyéndose a personas físicas afectadas por ERTE y a trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad o visto reducida su facturación un 75 % en promedio respecto al semestre anterior como consecuencia del COVID-19. (art. 28 y 29)
  • Se amplían las condiciones de la moratoria hipotecaria aprobada por el RDL 8/2020, de 17 de marzo, para extenderla a otros inmuebles distintos de la vivienda habitual y ampliar la prórroga de 1 a 3 meses, al tiempo que dentro de su ámbito de aplicación se incluye también incluye a los pequeños propietarios de vivienda que sufran impagos de alquiler, y a los autónomos cuya actividad fue suspendida por el Estado de Alarma o cuya facturación haya caído un 40 %, a la vez que esta moratoria se extiende también al resto de préstamos bancarios, incluyendo los créditos al consumo. (Art. 21 a 27, y DF 1ª)

Por otro lado, con la finalidad de facilitar liquidez a quienes con motivo de esta crisis la necesiten, se permite el rescate anticipado de los planes de pensiones en casos de desempleo o cese de actividad motivado por la emergencia sanitaria del COVID-19, sí bien se establecen limitaciones al importe de los derechos consolidados de los que se permite disponer, y además debe quedar claro que el régimen fiscal de dicha disposición de fondos será el establecido con carácter general para las prestaciones de los planes de pensiones. (DA 20ª)

  • Se modifica la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, a los efectos de flexibilizar los calendarios de salida a Bolsa de entidades financieras, entre ellas IBERCAJA, concediéndoles dos años adicionales. (DF 6ª).
  1. Para evitar que inversores extranjeros residentes fuera del ámbito territorial de la U. E. puedan tomar posiciones de control en el capital social de empresas españolas (esencialmente de infraestructuras, tecnologías críticas, energía, seguridad alimentaria, etc.) aprovechando la hecatombe bursátil a la que durante estos días estamos asistiendo, se introducen algunas medidas correctoras en el plan de protección de las empresas españolas que a tal efecto se había diseñado en el RDL 8/2020, de 17 de marzo. (DF 3ª)
  2. Las producciones agrarias de carácter estacional podrán optar a prestaciones por cese de actividad cuando su facturación media en los meses de campaña se reduzca al menos en un 75 % en comparación con los mismos meses de la campaña del año anterior. (DF 1ª.8)
  • Se introduce una prórroga de seis meses desde que finalice el Estado de Alarma para que las cooperativas puedan reintegrar las aportaciones a los socios que causen baja durante la vigencia del Estado de Alarma. (DF 1ª.12)
  • Para no comprometer su viabilidad, se dispone que las empresas viables que se encuentren en Concurso podrán acceder en las circunstancias actuales a un ERTE en las condiciones que se prevén en el RDL 8/2020 cuando hayan sido afectadas por la situación de crisis derivada del COVID-19. (DF 1ª.16)
  • La exención del IAJD que introducía el RDL 8/2020 en su DF 1ª, se modifica, de tal manera que queda limitada a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual. (DF 1ª.19)
  • Se opta por permitir que se mantenga una actividad mínima en la industria exportadora, o en la que tenga maquinaria que no pueda paralizarse sin riesgo para su supervivencia, a fin de que las empresas conserven contratos y actividad productiva que facilite su reactivación cuando cese la vigencia del Estado de Alarma.

Se lanza una batería de ayudas a amplios sectores y, en el caso de la industria, se acelera el desembolso de créditos para facilitar liquidez, se pospone el plazo para la aportación de garantías en las convocatorias de préstamos concedidos por el SGIPYME y se facilita la refinanciación de los préstamos concedidos por el SGIPYME cuando la empresa atraviese dificultades motivadas por la crisis del COVID-19. (Art. 38 y ss.)

  1. Ante la previsión de que se produzca un notable incremento de los de asuntos judiciales motivados por el aumento de los despidos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, declaraciones de Concursos y reclamaciones de consumidores, se prevé la aprobación dentro de los 15 días siguientes a la finalización del Estado de Alarma de un plan específico de actuación en el ámbito de los órdenes jurisdiccionales social, contencioso-administrativo y Juzgados de lo Mercantil. (DA 19ª)
  2. Se articulan diversas medidas de protección a consumidores, entre ellas la posibilidad de resolución de diversos contratos sin penalización para el consumidor, cancelación de viajes combinados, devolución de cuotas en prestaciones de servicios de tracto sucesivo, restricción de las comunicaciones comerciales de actividades relacionadas con el juego, etc. (art. 36 y 37)
  3. El régimen de suspensión de plazos en el ámbito tributario previsto en el art. 33 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, se extiende también a las actuaciones, trámites y procedimientos de las CC. AA. y entidades locales que se rijan por lo establecido en la LGT, sí bien esta norma solo será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 8/2020, de 17 de marzo. (art. 53 y DT 5ª)
  4. Se prevé una ampliación de los plazos para recurrir, de tal manera que el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, se computará desde el día hábil siguiente a la finalización del Estado de Alarma, al margen del tiempo transcurrido desde que le fue notificado al interesado con anterioridad a la declaración del Estado de Alarma, sin perjuicio de su eficacia y ejecutividad, y en particular, por lo que respecta al ámbito tributario, el plazo para la interposición de Recursos de Reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la LGT y por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, iniciarán su cómputo desde el 30 de abril de 2020. (DA 8ª)

El equipo de Sagasta Asesores espera que esta información sea de vuestro interés, y quedamos a vuestra disposición para ampliaros o aclararos cualquier extremo.    

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