Estimados clientes y amigos,

Nuevamente nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre las últimas novedades habidas durante este fin de semana pasado en relación al Estado de Alarma decretado con motivo del COVID-19, en concreto su prórroga, las medidas adoptadas en el ámbito laboral y el permiso retribuido recuperable.

El Congreso de los Diputados, en sesión de 25 de marzo de 2.020, ha dispuesto autorizar la prórroga del Estado de Alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en el BOE de 28 de marzo de 2.020 se ha publicado la Resolución de 25 de marzo de 2020 que la acuerda.

De acuerdo con la autorización recibida, el Gobierno ha dispuesto la prórroga del Estado de Alarma, publicándose en el BOE de la misma fecha el RD 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Las novedades más destacables de estas disposiciones son la prórroga del Estado de Alarma hasta las 00’00 h. del 12 de abril de 2.020 en las mismas condiciones que había sido acordado antes, y la obligación del Gobierno de remitir semanalmente al Congreso información documental estructurada de la ejecución de las distintas medidas adoptadas y valoración de su eficacia para contener el virus COVID-19 y mitigar su impacto sanitario, económico y social.

Al mismo tiempo, con la finalidad de paliar en la medida de lo posible los devastadores efectos sociales y económicos de esta crisis, en el BOE de la misma fecha se ha publicado también el RDL 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, que entró en vigor en la misma fecha de su publicación en el BOE y extiende su vigencia al periodo de duración del Estrado de Alarma. Las medidas que se introducen, esencialmente de orden laboral, e indirectamente también con un amplio impacto económico, son las siguientes:

  1. Se otorga la consideración de servicios esenciales a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, como hospitales o ambulatorios, y los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, como residencias y centros de día, y se les prohíbe tramitar ERTE, y se les obliga a mantener su actividad, salvo que las autoridades competentes pudieran permitirlo. (art. 1)
  2. Con la finalidad de garantizar el restablecimiento de la actividad empresarial y la salvaguarda del empleo, y bajo el presupuesto de que las medidas que puedan adoptarse son de carácter coyuntural, y por lo tanto su duración ha de ser temporal, se establece que mientras dure el Estado de Alarma la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los art. 22 y 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. (art. 2)

Esta medida no implica la prohibición del despido. Su incidencia se despliega en el ámbito de la indemnización a satisfacer, ya que, sí el despido tuviese estas características, su calificación sería como improcedente y la indemnización se encarecería, pasando entonces de 20-12 días a 33-24.

Además, habrá que valorar la repercusión que esta nueva medida despliega en la obligación que preveía la DA 6ª del RDL 8/2.020, que supeditaba los ERTE amparados en el COVID-19 al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante los 6 meses siguientes a la fecha de reanudación de la actividad.

3.   La duración de los ERTE por fuerza mayor, limita su extensión al periodo al que se prolongue el Estado de Alarma y sus prórrogas, tanto sí se hubiese aprobado por resolución expresa como tácita, y al margen de cual hubiese sido la solicitud empresarial concreta. (DA 1ª)

4.   Se establece un régimen sancionador para disuadir conductas empresariales de naturaleza fraudulenta, con posibilidad de que la Administración revise de oficio el acto de reconocimiento y, en su caso, se le imponga a la empresa la obligación de reintegrar las prestaciones que hubieran sido reconocidas indebidamente, aparte de exigírsele las responsabilidades administrativas o penales en las que se hubiera podido incurrir. (DA 2ª)

5.   Se refuerza la colaboración de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de tal manera que, cuando la primera aprecie indicios de fraude, lo comunicará a la segunda, que incluirá en sus planes de actuación la comprobación de las causas alegadas en los ERTE por COVID-19, en colaboración con la AEAT y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (DA 4ª)

  1. Se complementan y detallan algunas de las medidas previstas en el RDL 8/2.020, de 17 de marzo, en relación a la tramitación de los ERTE, concretando el procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para todas las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados en las causas previstas en los art. 22 y 23 de dicho RDL, así como a integrar otra serie de medidas, en el ámbito laboral, destinadas a paliar los efectos de la crisis del COVID-19, sobre los trabajadores. (art. 3)

La empresa que realice el ERTE tiene obligación de presentar una solicitud colectiva ante el SPEE de las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados, actuando en su nombre y representación, siendo los plazos de presentación los siguientes:

  • 5 días desde la solicitud de un ERTE por causa de fuerza mayor.
  • 5 días desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral un ERTE por causas ETOP.
  • 5 días desde el 28 de marzo de 2.020 sí la solicitud de ERTE por causa de fuerza mayor se produjo con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 9/2.020.

No presentar dicha solicitud colectiva implicaría incurrir en infracción grave  tipificada en el art. 22.13 de la LISOS.

  1. Se determina cuál es la fecha de efectos de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE (DA 3ª): 
  • Cuando sea por fuerza mayor, en la fecha del hecho causante.
  • Cuando sea por causa ETOP, en la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada, o una posterior.

En el certificado de la empresa deberá constar, en todo caso, la causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo, otorgándosele la consideración de documento válido para su acreditación.

  1. Se refuerza la colaboración de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de tal manera que, cuando la primera aprecie indicios de fraude, lo comunicará a la segunda, que incluirá en sus planes de actuación la comprobación de las causas alegadas en los ERTE por COVID-19, en colaboración con la AEAT y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (DA 4)
  2. Se faculta al Consejo Rector de las S. COOP. para asumir la competencia en la adopción de acuerdos en los ERTE por fuerza mayor o por causa económica, técnica, organizativa y de producción, derivados del COVID-19, siempre que por falta de medios la Asamblea General no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales. (art. 4)
  3. El tiempo de suspensión de los contratos temporales por ERTE debido a fuerza mayor, o a causa ETOP, derivados del COVID-19, interrumpirá el cómputo de su duración máxima. (art. 5)
  4. Para los afectados por ERTE que deriven directamente de situación creadas por el COVID-19 que hayan sido comunicados, autorizados o iniciados, con anterioridad al 18 de marzo de 2.020 serán de aplicación las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo previstas en los art. 24 y 25 del RDL 8/2.020, y desaparece la suspensión de los efectos por presentación extemporánea de solicitudes de desempleo, prórroga del subsidio y declaración anual de rentas. (DF 1ª) 

Con la finalidad de restringir aún más el confinamiento de la población, y al propio tiempo amortiguar los efectos que de las restricciones de movilidad impuestas se podrían derivar para los trabajadores, por el Gobierno se ha decidido adoptar una medida adicional que afecta mayoritariamente a los trabajadores del sector industrial, y para cuya efectividad no será necesario contar con la voluntad expresa empresarial de acometerla, publicándose a tal efecto en el BOE de 30 de marzo de 2.020 el RDL 10/2.020, de 29 de marzo de 2.020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, cuya entrada en vigor se ha dispuesto en la misma fecha de su publicación, y cuyas líneas maestras, extractadamente, son las siguientes:

  1. Los trabajadores por cuenta ajena que presten servicio en empresas o instituciones, públicas o privadas, no catalogadas como servicios esenciales, dispondrán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, del 30 de marzo al 9 de abril, ambos inclusive. (art. 1 y 2.1)

El art. 1 indica explícitamente que su ámbito de aplicación se extiende a trabajadores por cuenta ajena, por lo que entendemos que no comprende a trabajadores por cuenta propia, sin perjuicio de que éstos tampoco puedan abrir sus establecimientos sí su actividad estuviese incluida entre las obligadas al cierre conforme al RD 463/2.020, de 14 de marzo, por el que se declaró el Estado de Alarma.

  1. Los trabajadores continuarán devengando su salario ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales, que deberá abonar la empresa, pero, una vez cese el Estado de Alarma, tendrán que recuperar las horas no trabajadas, antes del 31 de diciembre de 2.020. (art. 2.2)
  2. El sistema de recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo no prestadas con ocasión del disfrute de este permiso deberá ser negociado entre la empresa y la representación de los trabajadores, disponiéndose para ello de un plazo máximo de siete días. (art. 3)

En todo caso, los procedimientos de mediación y arbitraje regulados en los sistemas autónomos de solución de conflictos a los que hace referencia del art. 83 del ET resultarán aplicables si las partes así lo acuerdan, para solventar las discrepancias que pudieran surgir entre ellas.

Sí no se alcanzase acuerdo durante el periodo de consultas, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de 7 días desde su finalización, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo.

La recuperación de las horas de trabajo deberá en todo caso respetar los periodos mínimos de descanso diario y semanal, no podrá establecerse un plazo de preaviso inferior al recogido en el art. 34.1 del ET, ni podrá implicar que se supere la jornada máxima anual prevista en Convenio Colectivo, y deberá respetar los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente.

  1. Este permiso retribuido recuperable no es aplicable a (art. 1.2):
    • Trabajadores que se encuentren incluidos en un ERTE (sí con el ERTE la empresa solo hubiese reducido un porcentaje de la actividad, podrá compatibilizar ambas medidas),
    • trabajadores que puedan seguir llevando a cabo su actividad laboral con normalidad a distancia (teletrabajo),
    • trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal en los días de vigencia de este permiso,
    • trabajadores cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas. 
  2. También quedan exceptuados del ámbito de aplicación del permiso retribuido recuperable los trabajadores que presten servicios en los sectores que el Anexo del RDL califica como esenciales, entre los que se incluye un amplio conjunto de actividades, entre las que merecen destacarse las gestorías y asesorías, servicios de transportes de personas y mercancías, actividades de la cadena de abastecimiento de la población, puntos de venta de prensa y medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, servicio postal universal, distribución y entrega de productos adquiridos por comercio de internet, telefónico o correspondencia, atención sanitaria de animales, etc. (art. 1.2.a y Anexo)
  3. En caso de necesidad, se podrá establecer un número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles para mantener la actividad indispensable, tomando como referencia la actividad y el mínimo de plantilla que se hubiera de mantener en un fin de semana ordinario o en festivos. (art. 4) 
  1. Cuando no sea posible interrumpir de modo inmediato la actividad sin ocasionar daños irreparables o desproporcionados a la actividad empresarial, los trabajadores podrán prestar servicios solo el 30 de marzo de 2.020, sí bien única y exclusivamente para llevar a cabo las tareas que sean imprescindibles a tal efecto. (DT 1ª)
  2. Los trabajadores del sector del transporte que estén realizando un servicio a la entrada en vigor de esta normativa, podrán finalizarlo, e iniciarán el permiso retribuido recuperable después, incluyendo en su caso la operación de retorno. (DT 2ª)
  3. Este RDL no dice nada sobre que las empresas que lo consideren oportuno puedan presentar nuevos ERTE, por lo que entendemos que no se prohíben.

El equipo de Sagasta Asesores espera que esta información sea de vuestro interés, y quedamos a vuestra disposición para ampliaros o aclararos cualquier extremo.    

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