El modelo 720 es una obligación tributaria de carácter informativo que tiene como objetivo la declaración de la información respecto de bienes y derechos de contenido económico ubicados o gestionados en el extranjero.

Para entender mejor este modelo vamos a tratar de responder a las siguientes preguntas:

1.- ¿Quién está obligado a presentar el modelo?

2.- ¿Qué bienes se tienen que declarar?

3.- ¿Qué cuentas, valores e inmuebles no tienen que declararse?

4.- ¿Cómo y cuándo se presenta la declaración?

5.- ¿Qué consecuencias tiene no presentar el modelo 720?

 

1.- ¿Quiénes están obligados a declarar?

  • Están obligados a presentar esta declaración tributaria las personas físicas o jurídicas residentes en España.
  • La obligación de declarar comprende no solo casos en los que se ostenta la titularidad jurídica de los bienes o derechos ubicados en el extranjero, sino también aquellos en que se es titular real (aunque no jurídico) de tales bienes, y en los casos en que se ostenta algún poder de disposición sobre dichos bienes, aunque no se sea titular de los mismos. Así, están obligadas a declarar las personas que sean representantes, apoderados o beneficiarios de los bienes o derechos.

En el caso de apoderados, representantes existe obligación de presentar la declaración informativa por parte de ambas personas físicas, una como titular y la otra como apoderada.

2.- ¿Qué bienes se tienen que declarar?

2.1. Cuentas y depósitos abiertos en entidades bancarias ubicadas en el extranjero: hay que informar sobre estos aspectos:

  • Razón social o denominación de la entidad bancaria o de crédito, así como su domicilio.
  • Identificación completa de las cuentas.
  • Fecha de apertura o cancelación, o en su caso las fechas de concesión y revocación de la autorización.
  • Saldos de las cuentas a 31 de diciembre y saldo medio del último trimestre del año.
  • Saldo de la cuenta en la fecha en la que se dejó de tener la condición de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición o titulares reales.

2.2. Valores representativos de la participación en cualquier tipo de entidad.

Derechos representativos de la cesión a terceros de capitales propios, seguros en los que sea tomador y rentas, temporales o vitalicias. Todo ello siempre que se haya depositado, gestionado u obtenido en el extranjero. Dentro de este grupo, también se incluyen los valores aportados para la administración o gestión a cualquier instrumento jurídico (fideicomisos o “trust”) y las aportaciones en Instituciones de Inversión Colectiva situadas en el extranjero.

La información a suministrar es la siguiente:

  • Para el caso de valores: Razón social o denominación de la entidad jurídica o del tercero cesionario, así como su domicilio y saldo a 31 de diciembre de cada año de los valores (así como número, clase de acciones y valor).
  • Para el caso de acciones y participaciones de IIC: Razón social o denominación completa de la IIC y su domicilio, así como número, clase acciones y participaciones, valor liquidativo a 31 de diciembre.
  • Para el caso de seguros: Entidad aseguradora con su razón social o denominación completa y su domicilio, así como valor de rescate para el tomador a 31 de diciembre.
  • Para el caso de rentas temporales o vitalicias: Entidad aseguradora con su razón social o denominación completa y su domicilio, así como valor de capitalización a 31 de diciembre.

2.3. Bienes inmuebles, y derechos sobre ellos, ubicados en el extranjero.

  • Identificación del inmueble.
  • Situación del inmueble: país, localidad, calle y número.
  • Fecha de adquisición.
  • Valor de adquisición (existen reglas especiales para los supuestos de usufructo, nula propiedad, multipropiedad, etc.

3.- ¿Qué cuentas, valores e inmuebles no tienen que declararse?

No existirá obligación de declarar lo indicado en el apartado anterior en los siguientes casos:

  • Aquellos de los que sean titulares entidades totalmente exentas del Impuesto sobre Sociedades (Estado, entes públicos…)
  • Cuando no se superen los 50.000 € de valor para cada conjunto de bienes indicados en los apartados 1, 2 y 3.
  • En los siguientes años sólo será obligatoria la presentación cuando cualquiera de los saldos conjuntos a 31 de diciembre o el saldo medio hubiesen experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración presentada.
  • En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los elementos que se posean en cada grupo de bienes con independencia de su valor individual.
  • Aquellos que se encuentren registrados en la contabilidad del titular debidamente identificados e individualizados. En estos casos no hay obligación de declarar para el titular, pero no se exime de declaración a los responsables o apoderados.
  • Sólo respecto a las cuentas corrientes, aquellas abiertas en establecimientos en el extranjero de entidades de crédito domiciliadas en España, que deban ser objeto de declaración por las entidades de crédito, siempre que hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté situada la cuenta.

4.- ¿Cómo y cuándo se presenta la declaración?

  • La declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero se tiene que presentar a través del modelo 720. Este modelo sólo se puede presentar de forma telemática, no existiendo la posibilidad de su presentación física en papel.
  • Esta obligación deberá cumplimentarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.

5.- ¿Qué consecuencias tiene no presentar el modelo 720?

  • Aunque la declaración sobre bienes y derechos en el extranjero en el modelo 720 tenga carácter informativo y no recaudatorio, las consecuencias que se pueden derivar de su falta de presentación o de su presentación fuera de plazo o de que la información contenida no sea correcta, pueden ser muy graves para los obligados a declarar.

Para la justicia europea, las cuantías del régimen sancionador que la Administración tributaria española impone a los contribuyentes que incumplen las obligaciones contempladas en dicho modelo 720 resultan excesivas, ya que atentan contra el principio de libertad de movimiento de capitales, fundamentando su decisión en tres razones directamente relacionadas con el derecho a la libre circulación de capitales:

  1. Que el incumplimiento de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero tiene como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de esos activos como ganancias patrimoniales no justificadas, sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción.
  2. Que el “muy elevado” tipo de la multa por incumplimiento de la obligación le confiere un carácter extremadamente represivo y que su acumulación con las multas de cuantía fija previstas adicionalmente puede dar lugar a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente supere el 100 % del valor de sus bienes o derechos en el extranjero, constituyendo un menoscabo desproporcionado de la libre circulación de capitales.
  3. Que el importe de las multas de cuantía fija no guarda proporción alguna con las sanciones previstas para infracciones similares en un contexto puramente nacional y cuyo importe total no está limitado. El importe de estas multas es de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitido, incompleto, inexacto o falso, con un mínimo de 10.000 euros, y de 100 euros por cada dato o conjunto de datos declarado fuera de plazo o no declarado por medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuando existía obligación de hacerlo, con un mínimo de 1.500 euros.

El Gobierno ha aprovechado la tramitación en el Senado de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para introducir un conjunto de enmiendas, entre las que se incluye la modificación del Modelo 720 para adaptarse a la sentencia. Y ello con el objetivo de que puedan entrar en vigor antes del 31 de marzo, fecha en la que vence el plazo para presentar el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero referido al año 2020, con las siguientes modificaciones:

-Suprime el apartado 6 del artículo 121 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (LA LEY 18095/2014), eliminándose la falta de prescripción por la no presentación del Modelo 720 por las personas jurídicas.

-Queda derogado el régimen sancionador Ley 7/2012.

-Se da nueva redacción a la disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria, eliminando el régimen sancionador específico previsto para el incumplimiento de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

El equipo de Sagasta Asesores se pone a vuestra disposición para cualquier aclaración al respecto.

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