Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, aprobadas por el RDL 8/2020, de 17 de marzo (B. O. E. de 18 de marzo de 2020)

Estimados clientes y amigos,

 Como ya os anunciábamos en nuestra anterior Circular, se esperaba que en breve el Gobierno lanzara un paquete de medidas urgentes y extraordinarias en orden a mitigar el impacto económico y social que la situación que estamos viviendo va a producir, o está produciendo ya, sobre personas y empresas. La situación de excepcionalidad por emergencia sanitaria que estamos atravesando se traduce en una perturbación conjunta de la demanda y la oferta en el entorno de la economía española, que afectará a las ventas de las empresas, generando tensiones de liquidez que podrían derivar en problemas de solvencia y pérdida de empleos si no se adoptan medidas urgentes de estabilización, que se pretenden en la medida de lo posible atajar con las medidas publicadas en el BOE de hoy.

Al margen de otras normas que estos días pasados también se han dictado para tomar medidas en materia de fronteras, sanidad, protección civil, tráfico ferroviario, transportes y ordenación de otros servicios esenciales, en el BOE de hoy se ha publicado el RDL 8/2020, de 17 de marzo, donde se establece un paquete de medidas que, de forma extractada, os detallamos a continuación en los aspectos que consideramos de mayor interés:

1º.- Moratoria en el pago de hipotecas suscritas para adquisición de vivienda habitual, a trabajadores en situación de vulnerabilidad económica afectados por la crisis del coronavirus, con suspensión del pago de la cuota hipotecaria y del devengo de intereses, y prohibición de aplicar intereses moratorios (art. 7 a 16).

2º.- Prohibición de suspender el suministro de agua, luz o gas a consumidores pertenecientes a colectivos vulnerables durante la crisis del coronavirus, y prórroga del bono social hasta el 15 de septiembre de 2.020 (art. 4).

3º.- Se prioriza el trabajo a distancia (teletrabajo) frente a la cesación temporal del trabajo o la cesación de la actividad. Con carácter excepcional, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el art. 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora. (art. 5)

4º.- Reducciones de jornada hasta el 100 %, y reorganización del tiempo de trabajo, para cuidados a familiares hasta el 2º grado (nietos y abuelos), sin posibilidad de despido del trabajador por acogerse a esta posibilidad, entendiéndose que el ejercicio de estos derechos tiene a todos los efectos la consideración de ejercicio de derechos de conciliación, atribuyéndose a este derecho la consideración de una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde al trabajador, tanto en su alcance como en su contenido, si bien teniendo en cuenta sus necesidades y las necesidades de organización de la empresa, debiendo en la medida de lo posible alcanzar un acuerdo entre ellos. La reducción de jornada especial prevista en el art. 37.6 del ET deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación. (art. 6)

Pese a la reciente derogación del art. 52 d) del ET, debemos recordar que la falta de asistencia injustificada al puesto de trabajo es causa de despido disciplinario conforme al art. 54.1 de dicho texto legal. Resultaba necesario, por tanto, configurar las garantías necesarias para que aquellas personas que, con motivo del COVID-19, se viesen en una situación extraordinaria de atender obligaciones personales de cuidado de familiares, pudiesen hacerlo sin comprometer su puesto de trabajo.

5º.- Con la finalidad de evitar despidos, se agilizan los trámites y se articulan una serie de medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de la actividad de las empresas, que se aplicarán a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor (a las pérdidas de actividad por causa del COVID-19 se les atribuye la consideración de “fuerza mayor”), y a los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción. (art. 22 a 24, y 28)

En los procedimientos derivados de causa de fuerza mayor vinculada al COVID-19, a instancias del empresario la TGSS exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial y de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, siempre que la empresa cuente con menos de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero de 2.020, alcanzando solo al 75 % de la cuota empresarial si la empresa tuviese más de 50 trabajadores, no teniendo efectos esta exoneración para el trabajador, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos.

Las medidas extraordinarias previstas en materia de cotizaciones y protección por desempleo reguladas en los art. 24, 25, 26 y 27 son de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada incluso aunque se hubiesen comunicado, autorizado o iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 8/2020, siempre que deriven directamente del COVID-19 (DT 1ª).

6º.- Los ERTE que tengan su origen en la situación de excepcionalidad generada por el coronavirus no consumirán desempleo, y los trabajadores podrán cobrar el paro aunque no hayan cumplido el periodo mínimo de cotización, pudiendo acogerse a estas medidas no solo los trabajadores incluidos en el art. 264 de la LGSS sino también los socios trabajadores de Sociedades Laborales y Cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo (art. 25).

7º.- La presentación extemporánea de solicitudes de prestaciones por desempleo no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación (art. 26).

8º.- Los autónomos que vean reducidos sus ingresos, podrán percibir una prestación extraordinaria por cese de actividad, que cubre la finalización de la actividad provocada por una situación de emergencia sanitaria que está siendo en todo caso ajena a su voluntad. (art. 17)

Para poder acceder a esta prestación se exige que el interesado se encuentre afiliado y en alta en el régimen de autónomos y al corriente en el pago de las cuotas a la SS, así como que su actividad esté directamente suspendida por el RD 463/2020, de 14 de marzo, o, en caso de no estarlo, que acredite entonces que su facturación se ha visto reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Esta prestación tendrá una duración de un mes, ampliable, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma sí éste se prorrogase y tuviese una duración superior al mes, y su importe se determinará aplicando el 70 % a la base reguladora, aunque cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, su cuantía será equivalente al 70 % de la base mínima de cotización.

9º.- Interrupción del plazo para la devolución de productos durante la vigencia del estado de alarma, cualquiera que sea la modalidad de compra, tanto presencial como on-line, reanudándose el plazo cuando pierda vigencia el estado de alarma (art. 21).

10º.- Medidas de apoyo a empresas con problemas temporales de liquidez. (art. 29 a 32)

Por un lado, el Estado, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, garantiza a las empresas una línea de avales y garantías públicas de hasta 100.000 millones de € para pedir créditos y atender así sus necesidades de liquidez, paliando de esta manera la insolvencia de las empresas españolas, con la finalidad de que puedan mantenerse operativas.

Por otro lado, con la finalidad de facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente PYMES y autónomos, se amplía en 10.000 millones de € el límite de endeudamiento neto previsto para el ICO en la Ley de Presupuestos del Estado, flexibilizando y ampliando la financiación disponible.

Y finalmente, con una duración de 6 meses desde la entrada en vigor del RDL 8/2020, se autoriza la creación de una línea adicional de cobertura aseguradora de 2.000 millones de € para empresas exportadoras, con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización, a la que podrán acceder solo PYMES o empresas de mayor tamaño no cotizadas que están internacionalizadas o en proceso de internacionalización, y se enfrenten a problemas de liquidez o de falta de acceso a la financiación como consecuencia del COVID-19. Quedan expresamente excluidas las empresas en situación concursal o pre-concursal, y las que presenten incidencias de impago con empresas del Sector Público o deudas con la Administración, registrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.

11º.- Se desarrolla la suspensión de plazos en el ámbito tributario prevista en la DA 3ª del RD 463/2020, flexibilizándose por un lado los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, y por otro el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento, y también se flexibilizan los plazos con los que cuenta el contribuyente con la finalidad de favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de que se trate. También se amplía con carácter general el plazo de contestación a los requerimientos formulados por la Dirección General del Catastro. (art. 33)

También se deja claro que el período comprendido desde la entrada en vigor del RDL 8/2020 hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión, tramitados por la AEAT, como tampoco computará a efectos de prescripción o caducidad. No obstante, durante este período la Administración se reserva el derecho de poder impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

MUY IMPORTANTE: No se han suspendido los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, tampoco en el ámbito laboral.

Esta normativa se aplica también a los Procedimientos iniciados con anterioridad al RDL 8/2020 (DT 3ª).

Los plazos establecidos en las disposiciones que con carácter extraordinario se han previsto a estos efectos en el art. 33 del RDL 8/2020 las resumimos con el siguiente cuadro:

  • Se amplían hasta el 30 de abril de 2020:
    • Los plazos de pago de la deuda tributaria en período voluntario y ejecutivo (art. 62. 2 y 5 LGT).
    • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.
    • Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes (arts. 104.2 y 104 bis del RGR), y
    • Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido el 18 de marzo de 2020.

Adicionalmente, desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles en el seno del procedimiento administrativo de apremio.

  • Se extienden hasta el 20 de mayo de 2020 (excepto que sea mayor el otorgado por la norma general, en cuyo caso será este el aplicable):
    • Los plazos para el pago de la de la deuda tributaria en período voluntario y ejecutivo (art. 62. 2 y 5 LGT).
    • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.
    • Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes (arts. 104.2 y 104 bis RGR)
    • El establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir del 18 de marzo de 2020.
  • Se considera evacuado el trámite si el obligado tributario atiende al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presenta sus alegaciones.
  • Se mantienen en materia de plazos para formular alegaciones y atender requerimientos las especialidades previstas por la normativa aduanera.
  • El período comprendido desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020 no computará:
    • A efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT (si bien esta puede impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles durante el referido período).
    • A efectos de los plazos de prescripción de los derechos de la Administración y del obligado tributario (art. 66 LGT), ni a efectos de los plazos de caducidad.
  • En el Recurso de Reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán, a los solos efectos del cómputo de los plazos de prescripción (art. 66 LGT), notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020. El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación -en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la LGT-, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.
  • Catastro.
    • Se amplían hasta el 30 de abril de 2020, los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación el 18 de marzo de 2020.
    • Tendrán hasta el 20 de mayo de 2020 para ser atendidos, los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir del 18 de marzo de 2020 por la Dirección General del Catastro, excepto que sea mayor el otorgado por la norma general, en cuyo caso será este el aplicable.
    • Se considera evacuado el trámite si el obligado tributario atiende al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presenta sus alegaciones.
    • El período comprendido desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio (si bien la Administración puede impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles durante el referido período).

12º.- Se establecen medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que hayan suscrito préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017, facilitándose a los prestatarios que acuerden con las entidades financieras prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos suscritos, asumiendo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el coste adicional de los avales concedidos por la SAECA. La solicitud deberá plantearse dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor del RDL 8/2020 (art. 35)

13º.- Se establecen una serie de medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado, en orden al funcionamiento de sus órganos de gobierno y administración mediante videoconferencia, plazos para la formulación de cuentas anuales, prórroga del plazo de reintegro de aportaciones a socios cooperativos que causen baja, exoneración de responsabilidad a administradores por las deudas sociales contraídas durante la vigencia del estado de alarma sí la causa legal o estatutaria de disolución hubiese acaecido durante este periodo, etc. (art. 40)

14º.- Durante la vigencia del estado de alarma se suspende el cómputo del plazo de caducidad de cualesquiera asientos tomados en el Registro que fuesen susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo (art. 42)

15º.- Se modifica el régimen de los plazos previstos para el deber de solicitud de Concurso de Acreedores, de tal manera que durante la vigencia del estado de alarma los deudores que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán el deber de solicitar la declaración de Concurso durante la vigencia del estado de alarma, como tampoco lo tendrán los que se encontrasen en situación de Preconcurso aunque hubiera vencido el plazo previsto en el apartado 5º del art. 5bis de la LC (art. 43).

16º.- Blindaje de empresas estratégicas ante OPAs extranjeras mediante la modificación de la normativa de inversiones extranjeras para evitar su toma de control por empresas de fuera de la UE (DF 4ª).

17º.- Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el RDL 8/2020 estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad (DA 6ª).

18º.- A los plazos previstos en este RDL 8/2020 no les será de aplicación la suspensión de plazos administrativos prevista en la DA 3ª del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DA 9ª).

19º.- Se incorpora un nº 23 en el art. 45.1.b) de la LITPAJD, para declarar exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo de este RDL 8/2020 (DF 1ª).

20º.- El RDL 8/2020 entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, y las medidas adoptadas mantienen su vigencia durante el plazo de un mes, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas, sí bien las que tienen determinado su plazo de duración se sujetarán al mismo (DF 9ª y 10ª).

Por otro lado, es de destacar que el artículo único del RD 465/2020, de 17 de marzo, también publicado en el BOE de hoy, por el que se modifica el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha introducido una modificación que para nosotros es de notable importancia, consistente en que, alterando el criterio inicialmente adoptado de suspensión e interrupción general de términos y plazos administrativos, ha establecido ahora que no es aplicable la suspensión de términos e interrupción de plazos a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social, ni tampoco a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Esto significa, en definitiva, que hasta que la TGSS o la AEAT modifiquen los plazos de presentación de impuestos y liquidaciones tributarias y laborales, los plazos de presentación no experimentan alteración alguna.

Esta Circular, pese a su extensión, lejos de ser exhaustiva, no recoge todas las medidas adoptadas en el RDL 8/2020. Nos hemos limitado a informaros de forma resumida sobre aquellas que nos han parecido de mayor interés. Muchas de estas medidas requerirán de normas de desarrollo que es de suponer que se irán dictando en los próximos días. A medida que se vayan conociendo os iremos informando.

 El equipo de Sagasta Asesores espera que esta información sea de vuestro interés, y quedamos a vuestra disposición para ampliaros o aclararos cualquier extremo.

Esta publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico fiscal. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización escrita de Sagasta Asesores.

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