RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (B. O. E. de 14 de marzo de 2020)

Estimados clientes y amigos,

 Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que en el BOE del pasado 14 de marzo de 2.020 se publicó el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que entró en vigor en el momento de su publicación y, en síntesis, restringe la libertad de circulación, detalla las excepciones a dicha restricción,  e introduce una serie de medidas orientadas unas a hacerla efectiva y otras a paliar en la medida de lo posible sus efectos sobre los intereses de la ciudadanía.

Esta situación se prolongará durante 15 días, prorrogables con la autorización del Congreso de los Diputados.

El RD establece un bloque de limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias, así como medidas de contención, en el ámbito educativo, comercial, equipamientos culturales y actividades recreativas, hostelería, restauración y culto.

El aspecto fundamental son las limitaciones a la libertad de circulación (art. 8) como herramienta esencial para combatir la emergencia sanitaria, y supone de hecho el confinamiento de la población, que durante su vigencia solo tendrá permitida la circulación por la vía pública para realizar las siguientes actividades:

  • Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
  • Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  • Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
  • Retorno al lugar de residencia habitual.
  • Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes y personas con discapacidad o especialmente vulnerables.
  • Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
  • Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  • Cualquier otra actividad análoga, que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

 Se permite la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público, pero solo cuando su uso tenga como finalidad la realización de dichas actividades, o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

 Para evitar las concentraciones de personas y combatir así el virus, y de paso favorecer el confinamiento de la población, esta medida se ve acompañada de otras consistentes en la suspensión de la actividad docente presencial, cierre del comercio minorista, de establecimientos de ocio y espectáculos, hostelería y restauración, cancelación de fiestas populares, importante reducción de la oferta de transporte público de viajeros, etc. (art. 10).

 De este cierre general del comercio minorista solo se excluyen los comercios de alimentación y artículos de primera necesidad, farmacias, consultas médicas, prensa, gasolineras, y poco más.

 El cierre de establecimientos no afecta a la industria.

 Se deja a su desarrollo por los departamentos ministeriales correspondientes los aspectos sectoriales, como las medidas para facilitar el transporte de mercancías, medidas para el abastecimiento alimentario, medidas para garantizar el tránsito aduanero y el suministro de energía eléctrica y productos petrolíferos, etc.

 Para garantizar el cumplimiento de las medidas por parte de la ciudadanía se establece un deber general de colaboración y la aplicación del régimen sancionador previsto en el art. 10 de la LO 4/81, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, lo que implica multas que pueden ir desde un mínimo de 100 € para los casos más leves hasta los 600.000 € para los casos más graves que impliquen además una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de personas o bienes, e incluso prisión en caso de desobediencia o resistencia a la autoridad.

En el ámbito judicial se ha previsto (por un lado para evitar perjuicios en los derechos de los ciudadanos, y por otro para evitar desplazamientos y aglomeraciones de gente que solo favorecerían la expansión del virus) la suspensión general de todas las actuaciones judiciales programadas y la interrupción de los plazos previstos en las leyes procesales (DA 2ª del RD 463/2020 y Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 14-3-20), que se reanudarán cuando cese el estado de alarma. De esta medida tan solo se exceptúan actuaciones consideradas urgentes o esenciales, como el servicio de guardia de la jurisdicción penal, habeas corpus, actuaciones con detenidos, internamientos psiquiátricos no voluntarios, etc., y, en general, cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso. Los Juzgados permanecerán a tal efecto abiertos con un mínimo de funcionarios.

 En el ámbito administrativo, por la excepcionalidad de la emergencia sanitaria se ha previsto (en este caso no solo para proteger los derechos de los ciudadanos sino también a la Administración, y por otro para evitar desplazamientos y aglomeraciones de gente que solo favorecerían la expansión del virus) la suspensión de términos e interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público (DA 3ª del RD 463/2020), que se reanudarán cuando cese el estado de alarma. Solo se exceptúan las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento, y siempre que éste manifieste su conformidad. Esto implica, en la práctica, que mientras dure el estado de alarma los procedimientos administrativos quedan suspendidos.

 Se ha previsto igualmente la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos (DA 4ª del RD 463/2020) durante la vigencia del estado de alarma. Esta medida favorece  evitar la pérdida de derechos por parte de ciudadanos que debieran ejercitar acciones próximas a prescribir, o caducar en su caso, pero no olvidemos que estas instituciones también operan en relación a las acciones que puede ejercitar la Administración frente al ciudadano, por lo que también implican ampliar el periodo durante el que la Administración puede abrir expedientes, ejercitar acciones, etc.

 A su vez, en el ámbito Notarial la Instrucción de 15 de marzo de 2.020 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública, ha previsto medidas para garantizar la prestación del servicio público notarial única y exclusivamente en caso de actuaciones notariales urgentes, debiendo el interesado contactar previamente con la Notaria por conducto telefónico o electrónico para solicitar la actuación notarial demandada.

 Horas antes de anunciarse el estado de alarma el Gobierno hacía públicas medidas urgentes aprobadas en Consejo de Ministros extraordinario para paliar los efectos que la pandemia va a producir a la ciudadanía, con una inyección de 14.000 millones de €, dictándose a tal efecto del RDL 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (BOE de 13 de marzo de 2.020), donde se incluyen, entre otras, medidas como el aplazamiento de deudas tributarias para empresas, PYMES y autónomos, hasta el 30 de mayo de 2.020, y de 30.000 € en el pago de impuestos durante seis meses, con tres de carencia.

 A los autónomos se les garantizará el acceso a la prestación por cese de actividad, obligatoria desde el 1 de enero de 2.019 en la cuota, si el profesional autónomo demuestra una fuerte caída de sus ingresos y beneficios económicos como consecuencia de la crisis sanitaria.

 Aquellas empresas que conforme a la normativa reguladora del estado de alarma se vean obligadas a cerrar temporalmente durante su duración, están facultadas para hacer un ERTE en relación a los trabajadores de los que deban prescindir.

 En aquellas otras empresas que, de acuerdo con lo normado en la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, puedan permanecer abiertas, los trabajadores deberán acudir a sus puestos de trabajo con normalidad, si bien, todos los trabajadores infectados de coronavirus, o que se encuentren aislados en casa en cuarentena, tendrán derecho a tramitar bajas por enfermedad profesional, y no por enfermedad común, siempre y cuando estén dados de alta en la Seguridad Social (art. 5 del RDL 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública). Esto supone que la prestación se eleva al 75 % de la base reguladora y que se cobra desde el día siguiente a la baja laboral, con cargo a la Administración. La cotización será a cargo de la empresa y del trabajador en los mismos términos que en cualquier situación de incapacidad temporal. Esta medida, en vigor desde el pasado 12 de marzo, se aplica tanto a empleados por cuenta ajena como por cuenta propia.

 Sí el trabajador debe quedarse en casa para cuidar a sus hijos o a familiares por cierre de colegios o de centros de día de asistencia a mayores, debe tenerse encuentra que la normativa laboral no contempla la falta de asistencia al trabajo por cuidado de hijos o de familiares, por lo que no se consideraría falta justificada, y debería, sí es posible, recurrirse a otros mecanismos legales, como la excedencia voluntaria, la reducción de jornada laboral, etc.

 Por parte del Gobierno se han anunciado muchas otras medidas que de momento todavía no han cristalizado en normas concretas. Os iremos informando a medida que se vayan haciendo efectivas.

 El equipo de Sagasta Asesores espera que esta información sea de vuestro interés, y quedamos a vuestra disposición para ampliaros o aclararos cualquier extremo.

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