El gobierno cambia el criterio del Supremo con Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

A partir del 9 de noviembre de 2018 el llamado impuesto sobre las hipotecas lo paga el banco y no el cliente, salvo cuando los préstamos se concedan a ciertas entidades, entre ellas los partidos políticos, el Estado y la Iglesia Católica.

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es un tributo indirecto regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre. El gravamen se aplica sobre tres tipos de documentos: notariales, mercantiles y administrativos. Como las hipotecas se constituyen ante notario y quedan registradas, están obligadas al pago de este impuesto.

Otra modificación que incluye este RDL es en el Impuesto de Sociedades, se añade el apartado m) al artículo 15 de la Ley, de modo que no será deducible el gasto por este tributo que soporten los prestamistas, bancos o cualquier Sociedad.

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